Prescripción tributaria y ejercicios abiertos

El plazo general de cuatro años

El derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación, y su derecho a exigir el pago de las deudas ya liquidadas, prescriben a los cuatro años. El cómputo no empieza el día del hecho imponible, sino desde el día siguiente a la finalización del plazo reglamentario de declaración de cada tributo y periodo.

Esta precisión importa mucho en la práctica. El Impuesto sobre Sociedades de un ejercicio cerrado el 31 de diciembre se declara hasta el 25 de julio del año siguiente, de modo que su prescripción se alcanza cuatro años después de esa fecha, no del cierre contable. Al calcular la exposición de una sociedad y la duración necesaria de las garantías contractuales, ese desfase de siete meses es relevante.

Lo que interrumpe la prescripción

El plazo no corre de forma ininterrumpida. Se interrumpe —y vuelve a empezar de cero— por:

• Cualquier acción de la Administración realizada con conocimiento formal del obligado y dirigida al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda. Un simple requerimiento de información puede interrumpir.
• La interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, incluidas las actuaciones en el curso de los mismos.
• Cualquier actuación fehaciente del obligado conducente a la liquidación o pago de la deuda, señaladamente la presentación de una declaración complementaria.

Este último punto tiene una consecuencia que a veces sorprende: presentar una complementaria para regularizar un ejercicio reinicia el plazo de prescripción de ese ejercicio y ese tributo. Es un efecto que hay que valorar cuando se decide si conviene regularizar antes del cierre de la operación.

El plazo especial de diez años

El artículo 66 bis de la Ley General Tributaria establece que el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación, o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribe a los diez años, contados desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generaron.

Y transcurridos esos diez años, la obligación de acreditar su procedencia y cuantía subsiste: se cumple exhibiendo la autoliquidación y la contabilidad, con acreditación del depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Por eso, cuando la sociedad arrastra créditos fiscales antiguos, el horizonte real de la revisión se alarga muy por encima de los cuatro años teóricos. Se explica en BINs y deducciones.

Cómo se traduce en el trabajo

La primera tarea de la revisión fiscal es construir un mapa de ejercicios y tributos con la fecha exacta de prescripción de cada casilla, incorporando las interrupciones detectadas. De ese mapa salen dos decisiones:

1. El perímetro de la revisión. No tiene sentido dedicar horas a un ejercicio que prescribe en tres semanas, ni darlo por cerrado si un requerimiento de hace dos años lo reabrió.
2. La duración de las garantías. La manifestación fiscal del contrato debe sobrevivir, como mínimo, hasta la prescripción del último ejercicio revisado, con un margen adicional para permitir la reclamación al vendedor. Fijar una supervivencia de dieciocho o veinticuatro meses en materia fiscal, como a veces se propone, deja al comprador desprotegido justo cuando el riesgo sigue vivo.

Los otros plazos

Cuadro orientativo. Cada plazo tiene sus propias reglas de cómputo, interrupción y suspensión, y la existencia de procedimientos abiertos altera el resultado. En una revisión se calcula caso a caso.